LA RECOCHA GOBIERNISTA

 ANTÍTESIS

                                     

Pablo Victoria

La recocha gobiernista empieza por las declaraciones del fiscal de retar a Alejandro Ordóñez, Procurador General, a un debate público sobre el Marco Jurídico para la Paz y los eventuales acuerdos de La Habana. ¡Ah tiempos aquellos en que los fiscales no retaban a debates, en que las Cortes no convocaban a los medios, en que los militares nos salían a marchar en pro o en contra de nada! Es evidente que estamos avanzando rápidamente por una senda chavista de impredecibles consecuencias donde, no un pajarito, sino un chulo, habla al oído de Santos; una senda en que se hace guiños a la impunidad por delitos atroces, masacres, torturas y magnicidios. Es en eso en lo que van a desembocar las tales conversaciones de paz que, Dios quiera, no lleguen a fructificar en ningún acuerdo. Y lo digo sin tapujos ni esguinces: porque, si llegaran a fructificar, la pregunta necesaria y obligatoria tendría que ser acerca de lo que entregamos para que los bandoleros se desmovilizaran.

            No obstante, no hay que ser un genio para suponer lo que se ha de entregar: una buena parte del poder político, reflejado en la participación delincuencial en el Congreso, con cuotas y acceso representativo, en la participación burocrática del Estado y hasta en las Fuerzas Militares, no se diga de las cincuenta áreas de reservas campesinas, compensación a los victimarios “víctimas” del Estado, expropiaciones de tierras (las cultas), reformas agrarias, tributarias, urbanas, en un largo etcétera que Dios sabe en qué más termine.

            Al margen de que el Procurador tiene razón en aseverar que con el perdón y olvido de delitos atroces cometidos por los narcoterroristas de las FARC quedaría esta nación convertida en paria entre las naciones, bien valdría la pena plantearnos por qué el Estado (dígase Santos) ha insistido en reparar políticamente a los asesinos de las FARC y no a los otros actores de la guerra que, también dicho sea de paso, surgieron a partir de la debilidad y ausencia del Estado de grandes zonas del territorio nacional: me refiero a los paramilitares. La respuesta es sencilla: porque los paramilitares, de una manera u otra, se sometieron y entraron por la puerta de Ralito y porque hoy están en las cárceles purgando diversas penas; es decir, desmovilizados. La segunda respuesta tiene que ver con que las FARC no lo han hecho, lo cual sigue también apuntando a la debilidad del Estado y a su falta de voluntad política de seguirlos combatiendo hasta su reducción total. Es la misma debilidad mostrada en el litigio con Nicaragua y de las cesiones territoriales que se hicieron a otros países en el pasado sin disparar un solo tiro. Es parte de la misma miasma.

La tercera respuesta es que el Estado ha empleado el viejo principio de “al caído caerle”, lo cual produce una enseñanza a futuro: No te rindas si no quieres caer en la trampa. Y en la trampa cayeron militares y paramilitares: los primeros por obediencia y pertenencia institucional, judicializados y humillados; los segundos por creer que un Estado, debilitado por su propia falta de norte y doctrina, sea capaz de cumplir con lo más fundamental: la equidad jurídica de universal aplicación. Y es este punto el que nos trae a una irremediable conclusión: si lo que busca este disparatado Estado es la paz dialoguista, concesionista y entreguista de retazos de jurisdicción y soberanía, debería empezar por tratar a todos por igual, vr. gr., conceder a tirios y a troyanos lo que va a conceder a farianos. El principio de equidad lo demanda, pues a nadie sirve una paz que a unos actores conceda y a otros actores niegue. Lo contrario será la continuación de diversas maneras del mismo conflicto.

Mientras tanto, ¡que siga el disparate y la recocha! ¡Que sigan los fiscales marchosos, la justicia alborotada, el santismo desbordado y el Procurador bien abrochado en su posición y puesto!

12 de abril de 2013