SANTOS NEGOCIÓ EL PAÍS

Pablo Victoria

Este no es un problema de derechas o de izquierdas; ni siquiera de los que están por la paz o por la guerra. Todos los colombianos, incluyendo el Ejército, estamos por la paz, apostamos por ella. Podría pensar que hasta Santos está por la paz, pero que en su afán por conseguirla, nos entregó el país a las FARC el 7 de marzo de 2012, día de la firma en Cuba del documento que enseguida comentaremos. Las capitulaciones firmadas por el gobierno entreguista de Santos con alias Iván Márquez y Timochenko, iniciadas el 6 de octubre de 2011 en La Habana y firmadas en la fecha referenciada en la misma ciudad, se componen de 8 puntos claves, no suficientemente aclarados en el documento publicado por los medios de comunicación. Los garantes del acuerdo fueron Cuba y Venezuela, dos de las peores dictaduras del mundo. Los financiadores de la logística, Venezuela y Noruega. No, lo que se firmó no fue un documento preliminar, sino un acuerdo a espaldas de los representantes de la Nación: el Congreso de Colombia, mudo, inerme y pusilánime observador del hecho y futuro convidado de piedra a una negociación que detallará, ampliará y negociará el alcance de lo ya negociado. Ni siquiera Belisario, ni Pastrana, se atrevieron a tanto. He aquí lo acordado:

1. El Estado Colombiano reconoce el conflicto armado, condición necesaria para reconocer el status de beligerancia de las FARC. Esto abre las puertas a que algún país, enemigo de Colombia, los reconozca como Estado dentro de un Estado. En junio de 2012, en la Ley de Justicia Transicional, el Congreso reconoció en primera instancia tal status. Desde entonces, la entrega del país ya se venía preparando.
2. En concordancia con la mencionada Ley, el documento recoge y garantiza a las FARC la participación en la planeación y ejecución de las políticas agrarias, económicas, mineras y sociales del Gobierno. Es decir, el Poder Ejecutivo quedó como rehén de lo que a estos terroristas se les ocurra en tales materias. Y de ocurrir se les habrá, pues en política agraria no van por la colonización de las selvas, sino por el reparto de lo ya explorado, cultivado y productivo: la repartición de las tierras en minifundios improductivos o expropiados a favor del Estado.¿Y qué de la economía? Bueno, la repartición de la riqueza mediante un sistema tributario confiscatorio… ¿o por qué más aplazaron la anunciada reforma tributaria, si no era para dar esta gabela a las FARC? ¿Y qué se podría decir de lo social? Muy fácil: en lo social está la educación, lo cual significa que nuestra juventud se levantará en las cátedras marxistas-leninistas y que el profesorado que las imparta lo será con el visto bueno de las FARC. Ya la Ley de Justicia aprobada por el servil y abyecto Congreso eliminó el requisito de prohibir la participación política de los condenados por delitos de sangre. A la impunidad de facto de los jueces ha de seguir la impunidad por mandato de la Ley.
3. Las partes acordaron en este documento la reparación de las víctimas a manos de paramilitares y del Estado (léanse FARC y otros grupos delincuenciales) y la preferencia en acceder a los programas de ayudas del Estado (léase que ustedes y yo pagaremos doblemente el costo: uno por la actividad criminal y otro por la indemnización de los victimarios).
4. Por cuenta del acuerdo el Gobierno habrá de perseguir, desmantelas y condenar a los paras y agentes del Estado, inmersos en violaciones de DD.HH. ¿Quiénes son esos? Todos aquellos que sean señalados por las FARC, incluyendo a Uribe y a los militares que han defendido el país. Ya lo estamos viendo. No hacía falta tal acuerdo, ya que diversos jueces y fiscales, infiltrados en el sistema, se han encargado de anticiparse al hecho, juzgando y prejuzgando a todos los señalados por la delincuencia, como consta en autos: Plazas Vega, Cabrales, del Río, y cientos otros… Previo al acuerdo, Santos eliminó el fuero militar de la ponencia conservadora y reivindicativa de marzo pasado; sabía para dónde iba… ¿O no?
5. La narco-guerrilla incorpora en el acuerdo la exótica idea de que el narcotráfico es un delito conexo con el delito político, delito que en Colombia no existe como tal delito. Es decir, se le da una nueva definición al delito político, que es el asesinato con fines “altruistas” (tesis de Carlos Gaviria) reivindicativos de los pobres, de los desamparados y de los oprimidos por el Estado. Para abundar: no podrán ser condenados los farianos que sean sujetos de extradición o condena colombiana por narcotráfico y actividades conexas. Tampoco podrán quedar incursos en la Ley de Extinción de Dominio. Son simpáticos estos tíos. Ya Santos había ambientado el tema de reorientar la política antidroga en la Cumbre de las Américas. El muy santo. César Gaviria parece ser el encargado de suavizar esta política con el resto de países y Petro ha tenido la iniciativa, anticipándose a estos hechos, de proponer que el Distrito compre droga ilícita y se la suministre a los adictos. ¿Cómo lo haría? Imagínenselo: quienes la suministrarían serían los narcos, las FARC, o el Estado tendría granjas con raspachines que la cultivaran y la procesaran por su cuenta. Muy lindo, ¿verdad?
6. Se acuerda que habrá un Mesa Nacional de Diálogo en la que se podrán aumentar las exigencias de las FARC al Estado colombiano, incluyendo la negociación de la doctrina militar, pasando por la participación en política, la reforma pensional, y reforma a la salud. Para eso estarán disponibles los 30 representantes del grupo criminal.
7. En materia política, señores, las FARC, ya desmovilizadas, podrán incorporarse a las Fuerzas Armadas del país y podrán constituirse en partido político, amén de que podrán sus componentes ser elegidos a cualquier cargo público. Estarán representados en el movimiento Marcha Patriótica, nueva expresión de los oprimidos por el Estado. ¿Qué dirá el Ejército? Bueno, están acostumbrados a obedecer y obedecerán compartir los cuarteles y sentarse a manteles con sus antiguos enemigos y enemigos del país.
8. Nada será anunciado hasta cuando todo quede protocolizado en un documento final. La negociación será secreta y a espaldas de los poderes de la Nación. La opinión pública no podrá conocer del avance de las negociaciones y de la entrega final del país, hasta la hora nona.

Parece que el silencioso y genuflexo Congreso ha pedido que se le otorgue franquicia para asistir, igualmente silencioso y arrodillado, a presenciar la entrega de sus fueros y prerrogativas en la primera Mesa que se instalará en Oslo. Que se sepa, todavía no ha pedido que se le permita asistir a La Habana a la Segunda Mesa Constituyente, que protocolizará la conclusión de la entrega. Es decir, a la capitulación del país. Creo que no le permitirán, puesto que el punto 8 es claro en que nada se divulgará a la opinión pública en el interim, y el Congreso es muy proclive a hacerlo. ¡Pobre país! Es la revolución liberal en marcha dinámica, porque la anterior, la revolución conservadora parsimoniosa, se detuvo, a tropezones, en el Caguán. Será la primera vez en la Historia Universal que un ejército derrotado, desarticulado y a punto de ser aplastado, imponga condiciones a un país victorioso.