LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA HABANA

Pablo Victoria

El 6 de septiembre tuve oportunidad de asistir a una audiencia pública que la Comisión Primera del Senado de la República hacía para auscultar la opinión sobre el referendo propuesto por el senador Juan Carlos Uribe y el representante Miguel Gómez. Mi intervención en esa célula legislativa se centró en dos aspectos principales: en la extemporaneidad de la convocatoria y la inconveniencia de la misma.

La inconveniencia, porque el Congreso de Colombia no puede claudicar de sus responsabilidades legislativas dadas por los electores del país que reclaman una más pronta y cumplida justicia de unas cortes altamente politizadas, mediatizadas y, en general, un poder judicial, tan corrupto o más corrupto que el Congreso o la clase política que dirige el país. Inconveniente, porque ese es el resultado de lo que da la tierra, de lo que da la cultura imperante en Colombia, que es el ejercicio permanente de la corrupción; y una Asamblea Constituyente para la reforma del poder judicial no va a arreglar el alma de esos colombianos, ni los va a hacer más eficientes, ni menos corruptos. Es más, a nadie le va a enmendar la plana.

Inconveniente también, porque esa Asamblea daría entrada a los más indeseables elementos de nuestra sociedad, que no sólo entorpecerían su accionar, sino que terminaría, como la del año 91, declarándose «omnipotente». Es decir, una Asamblea, que fue convocada por Gaviria para reformar unos artículos de la Constitución del 86, terminó por abrogarla, redactar una nueva (mal redactada y contradictoria), revocar un Congreso legítimamente constituido y entregarnos al choque de poderes que hasta hoy vive esta infortunada república. Y no se diga que también terminó por entregarnos a manos de una Corte Constitucional que ha subsumido todos los poderes públicos, que en la sombra gobierna el país y legisla a placer mediante sentencias exorbitantes y estrambóticas. No en vano se puede echar por la borda 105 años de ininterrumpida jurisprudencia y juridicidad. Tampoco esta Constitución nos dio la paz, como era el anhelo de los revoltosos estudiantes de ese malhadado año y de los cobardes jueces prevaricadores que le dieron paso. Por el contrario, si bien no fue la causante del recrudecimiento de la guerra, los poderes que quitó al Ejecutivo no hicieron más que incrementarla.

Ahora bien, la convocatoria de una Asamblea Constituyente es extemporánea por una razón fundamental: en La Habana se están dando unas conversaciones de paz que pueden alterar significativamente el orden establecido en esta Nación; y eso es, precisamente, lo que se busca, porque según las FARC este orden tiene que ser subvertido por las armas o por el anhelo de conseguir una paz a cualquier precio. Y el precio ya se comenzó a pagar, según las imposiciones aceptadas por el Gobierno: la reforma agraria, el desarrollo económico, el cambio del modelo social, la participación en política de la delincuencia fariana, las drogas ilegales, la reparación de víctimas (las del Estado) y otra adenda que se va desprendiendo de tales capitulaciones. Es decir, se decidió negociar, no la paz, sino el país.

Extemporánea es, pues, la convocatoria de esta Asamblea Constituyente porque ya se convocó otra: va a comenzar a sesionar en La Habana, a espaldas del Congreso, órgano representativo de la ciudadanía, y de la propia opinión pública colombiana. A los congresistas el gobierno dio un pasaje de ida a Oslo, y les dará otro a La Habana, pero tendrán que comprar el pasaje de regreso a Colombia, que la van a encontrar sin Congreso. Recuerden que Carrillo, el actual ministro del Interior, y el jefe de la delegación a Cuba, Humberto de la Calle, fueron dos de los artífices de la revocatoria del Congreso en 1991. Que no se llamen a engaño.